
Así, a simple vista, la medida puede parecer hasta lógica, teniendo en cuenta los precios astronómicos de las viviendas en las grandes ciudades y la necesidad urgente de rebajarlos. Pero los problemas de toda índole que plantea son muchos:
*La Constitución de 1978 garantiza el derecho a la propiedad privada en general, sin que haya que justificar ante nadie la utilización de esta propiedad.
*Ninguna ley obliga a ocupar o alquilar los pisos en propiedad que se tengan.
*La ley establece que no se pueden pagar dos impuestos por un mismo hecho, y los pisos ya pagan el IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-IBI.
*¿Quién será el encargado de vigilar los pisos?.
*Una casa de veraneo que permanece desocupada diez meses, ¿está abandonada?.
*Una gran casa o un palacio con habitaciones libres, ¿está desocupada?.
Sin ser muy listos, prevemos el caos o, peor aún, el ridículo.
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