Cuando la
Administración perjudica la salud.
¿Puede
resultar de interés un órgano de nombre tan gris como el Consejo de Política
Fiscal y Financiera? Por supuesto. Por las venas de las Administraciones
Públicas circula nuestra sangre. Y tenemos demasiada anemia para no preguntar
para qué nos exigen más transfusiones.
Se discutía en el Consejo el déficit
de las Comunidades Autónomas. La diferencia entre lo que ingresan y gastan: a
cargo, como todo, del ciudadano. En nuestra vida privada, procuramos limitar el
gasto a lo que ganamos. Pero las Administraciones hacen lo contrario. Por
nuestro bien, dicen. Y a nuestra costa.
El Estado Central impuso a las
Comunidades un tope del 1,5 por ciento de déficit sobre su PIB. Aceptaron a
regañadientes, salvo Cataluña y Canarias, que se abstuvieron, y Andalucía, que
se opuso. Griñán alegó "defensa del Estado de Bienestar". Pura
demagogia: precisa dinero para subvenciones, fondos de reptiles, estructuras
clientelares y oscuras empresas públicas.
El problema de fondo es grave, pero
simple. Estado, Comunidades y Ayuntamientos no solo gastan lo obtenido mediante
impuestos: se endeudan más allá de toda prudencia. Y atrapan para ello todo el
crédito disponible, imposibilitando que los ciudadanos obtengan dinero de los
bancos.
Además, los Estados idearon un
fraudulento mecanismo. El Banco Central Europeo – que ostenta el monopolio de
la emisión de dinero - presta a los bancos una inmensa cantidad a un interés
del 1 por ciento. Éstos compran así Deuda Pública al 5 por ciento. Negocio
seguro. Y puro teatro: mientras los particulares carecen de crédito, los bancos
hacen el trabajo sucio a un Banco Central que tiene prohibido prestar a los
Estados. Los Gobiernos se quedan el dinero barato que no llega a los
ciudadanos, y animan a los Bancos a “dar crédito a proyectos viables y familias
solventes”. Un juego macabro: culpando a otros, los gobernantes expulsan al
ciudadano del crédito, el empleo y la esperanza. Algunos solo lo llaman
"efecto crowding-out".
Por eso, es esencial reducir el
déficit. Eliminarlo, mejor. Los políticos dicen querer preservar el "gasto
social", pero se refieren al "gasto popular": el que evita
el malestar que afecta al voto ciudadano. Un político responsable no solo
estaría hoy recortando todo gasto prescindible, sino favoreciendo las
iniciativas privadas que permiten a mucha gente comer, vestir, alojarse y no
caer en una brutal exclusión social.
El principal cometido de las
Administraciones Públicas debería ser no arruinar más a la gente. ¿Cómo?
Reduciendo gasto, aliviando la letal presión fiscal y pagando las deudas
contraídas. De ahí la relevancia del Plan para financiar las deudas con
proveedores que ha aprobado – por unanimidad, claro – el Consejo de Política
Fiscal. Desconfío del músculo financiero del Estado, y recelo de la
articulación concreta de este Plan. Pero que las empresas se arruinen porque
una Administración las contrató es tan antieconómico como aberrante.
Nada de esto bastará de no
permitirse un ajuste rápido y eficiente que reparta trabajo y renta de forma
natural: un verdadero mercado libre. Solo una liberalización profunda
permitiría que la dura realidad –somos más pobres de lo que creíamos- se
tradujese en una rebaja general de las rentas en vez de en millones de personas
expulsadas del mercado laboral o, en el mejor de los casos, de la economía
formal.
Déficit, deuda e impuestos abusivos
son ya una sangría insoportable en un país con grave anemia. Ojalá el Consejo
de Política Fiscal haya contribuido a detenerla. A que la Administración deje
de ser la peor amenaza para nuestra salud.
Asís
Tímermans del Olmo es profesor de Historia de las Instituciones Financieras de la Universidad
Rey Juan Carlos.
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